La audiencia realizada este lunes en una Corte Federal de San Antonio, en Texas, provocó movilizaciones a nivel local, pero en otros estados se activó una alerta ante el peligro que representa la implementación de ley SB4 que criminalizaría a los inmigrantes indocumentados.

La ley SB4, aprobada el 7 de mayo anterior, entraría en vigor el 1 de septiembre en territorio texano; por esa razón, organizaciones defensoras de los derechos civiles toman acción para que se detenga en los tribunales. De no hacer nada, se cree que la ley sentaría un precedente para otros gobiernos estatales.

“Es sumamente peligroso”, valoró Juan José Gutiérrez, presidente de la organización Vamos Unidos USA, en Los Ángeles.

“Todos los dirigentes y organizaciones del país tenemos la obligación de entrar en acción, para levantar un frente nacional, poner presión, con la expectativa de que la corte escuche los desafíos legales que se le van a hacer a esa ley antes de su implementación”, agregó.

Esta ley es comparada con la Proposión 187 que en 1994 se aprobó en California, pero que fue detenida en los tribunales. También con la SB1070 que se autorizó en Arizona, en el 2010, por la gobernadora Jan Brewer que más tarde fue bloqueada.

La ley SB4 le otorga poder a los agentes de policía para que verifiquen si una persona está aquí de forma legal.

“Esta propuesta de ley no está limitada a Texas, está en otros 29 estados”, aseveró Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, en Wisconsin, detallando que en ese estado están luchando para que una legislación similar no avance.

De acuerdo a la activista, la industria de la leche se iría a la bancarrota si los inmigrantes salen de Wisconsin, en donde el 60% de estas empresas se mueven con la mano de obra de las personas con un estatus irregular. Por ahora, ya se observa el desplazamiento a otros estados.

“Lo tomamos como una amenaza seria, que como fuego no queremos que crezca”, añadió Neumann-Ortiz en referencia a esas políticas que “representan racismo y también es parte de la maquinaria de criminalización del inmigrante”.

El escenario es parecido en Maryland y Virginia, sostiene Luis Aguilar, coordinador de voluntarios de la organización CASA, en el área de Washington D.C.

“Es necesario que la gente vea esto como una alerta”, dijo el activista, asegurando que en Virginia se han sometido varias leyes similares que han sido vetadas, porque cuentan con un gobernador progresista, pero si llega un republicano no se descarta un cambio inmediato.

En ese sentido, Aguilar asegura que han divulgado un video en Facebook invitando a la comunidad a que se movilice, realicen cabildeos, promuevan el voto y se opongan a la llegada de un gobernador conservador “existe la posibilidad que Virginia se convierta en Texas”.

“Nuestra comunidad tiene que organizarse a nivel estatal, porque hay muchos ataques a nivel estatal y local”, exhortó el líder comunitario. “Si esta ley avanza en Texas, estaría mandando un mensaje que es demasiado fácil que los policías se conviertan en lo que se le dice ‘polimigra’”.

A juicio de Isabel García, portavoz de la Coalición de Derechos Humanos en Tucson, Arizona, el problema de esta ola de discriminación contra las personas con un estatus irregular, es que los estadounidenses desconocen las causas de esta migración.

“¿Bajo cuál país de influencia están Honduras, El Salvador, Guatemala y México? Bajo el control directo de Estados Unidos”, reflexionó García, por eso cree que lo que se necesita es una reparación. “El reto es que la gente se levante y diga: ‘Esta es la verdad’, no los vean con odio”.

De los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, según el Migration Policy Institute (MPI), California tiene 3 millones, el líder a escala nacional; le siguen Texas (1.4 millones), Nueva York (850,000), Florida (610,000) e Illinois (519,000).


Source link Original

Leave a Comment

×