28/06/2017

La investigación por la presunta extorsión por parte de empleados de la Anses a una docente loretana que había tramitado una jubilación derivada, dio un giro inesperado y ahora la Justicia Federal imputó a la denunciante y a una abogada del organismo por una supuesta “defraudación”.

El fiscal federal Pedro Simón manifestó en declaraciones que la nueva imputación fue fijada en contra de las dos mujeres, así como también de los empleados, ya que se sospecha que formaron parte de la maniobra. En los próximos días los cuatro serán indagados por los cargos endilgados.

El escándalo tiene su origen en el pasado 25 de agosto del 2015. Aquella jornada personal de Gendarmería Nacional allanó las instalaciones de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en nuestra ciudad y procedió a la detención de dos empleados de apellidos Herrera y Cortés, y al secuestro de diversa documentación.

La medida había sido ordenada por el juez federal Guillermo Molinari, a partir de una investigación encabezada por el Dr. Simón, en la que se había establecido que los dos empleados mencionados extorsionaban a una mujer para que les pague $100 mil en concepto de “coima” por haber logrado que sea favorecida con una jubilación derivada (pensión otorgada a las personas discapacitadas tras la muerte de sus progenitores).

El trámite iniciado por la denunciante obtuvo sentencia favorable, por lo que se ordenó el pago de la pensión y los retroactivos que superaban los $130.000. De esa suma, Cortés y Herrera le habrían comenzado a exigir el pago de $100 mil para liberar los fondos. La docente loretana terminó denunciándolos por “extorsión”.

Los sospechosos fueron apresados tras haber simulado un pago, meses después fueron procesados y parecía que el caso estaba esclarecido. Sin embargo, en los últimos días dio un giro inesperado y fueron imputadas la supuesta damnificada y una abogada que pertenece a la misma Anses.

Vuelco

Según explicaron las fuentes, la investigación no se detuvo y se solicitaron informes a la Anses central sobre el beneficio otorgado a la denunciante, así como también sobre la documentación presentada y secuestrada a los dos empleados implicados.

Del análisis de los documentos surgió que la mujer habría fraguado una declaración jurada ocultando que había contraído matrimonio y luego se había separado, por lo que ya no podía ser beneficiaria de la pensión tramitada.

Las fuentes deslizaron que el fiscal Simón sospecha que la mujer sabía de la improcedencia de su pedido y que pudo haber aceptado ser “coimeada” por los dos empleados acusados inicialmente, en pos de obtener resultados favorables en el trámite.

Además de comprometerse la situación de la docente loretana, también la Justicia Federal posó sus ojos en el circuito interno de la Anses local, para determinar cómo fue que se dictó sentencia favorable en un trámite que no correspondía. Ello derivó en la imputación de una abogada que se desempeña en el área jurídica del organismo.

Tanto la denunciante como la letrada fueron imputadas en consecuencia por el supuesto delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública”. Dicha calificativa también le fue sumada a Cortés y Herrera, sobre los cuales ya pesaba la figura de supuesta “extorsión”.

Al ser consultado sobre la situación actual de los sospechosos, el Dr. Simón precisó que se está aguardando la fecha para que se tomen las declaraciones indagatorias a los cuatro implicados, las cuales se concretarían en los próximos días.

Posteriormente se resolverá la situación procesal de cada uno y concluida la instrucción, la causa podría ser elevada a juicio oral.


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