La condena solicitada contra el brasileño Lula da Silva y el arresto del peruano Ollanta Humala y su mujer conocidas la semana pasada, evidenciarían la existencia de un cambio en el comportamiento político de la región. Aunque la profundidad y alcance de esa transformación es aún difícil de precisar, estos dos casos junto a otros en este espacio alcanzan para observar que la corrupción comienza a encontrar un límite. Pero del mismo modo, estos episodios testimonian con nitidez tanto el tamaño que los negocios sucios han alcanzado en la región como el desdén de los electorados por el prontuario de sus líderes.

El hilo que enlaza las investigaciones judiciales contra los dos ex mandatarios es la maquinaria de sobornos de la constructora Odebrecht. Ese conglomerado es el mayor en su especialidad en Brasil y fue el principal en el sistema de reparto de obra pública alrededor de la estatal Petrobas con sobrecostos y coimas que se pagaron para ganar contratos.

Humala, un teniente coronel del ejército retirado, que gobernó entre 2011 y 2016 y llegó al poder con un fuerte y decisivo asesoramiento del propio Lula da Silva cuando gobernaba Brasil, está acusado de haber recibido tres millones de dólares de coimas para pagar la campaña. El ex mandatario habría devuelto el favor entregando contratos de obra pública al estilo que también más que se sospecha ha sucedido en una variedad de países, notoriamente en Argentina. Humala y su influyente mujer, Nadine Heredia, fueron condenados a 18 meses, sentencia que la investigación podría aumentar. Los cargos son los mismos que se multiplican de país en país: lavado de activos y asociación para delinquir.

Presidentes presos o condenados: entre límites a la corrupción y altas cuotas de cinismo

Lula da Silva. AFP

Quedaron arrestados por el riesgo de fuga. Un espectro que corporiza el ex presidente Alejandro Toledo, involucrado en otra causa judicial por hasta US$29 millones en coimas de la misma constructora brasileña. El ex presidente ignoró la causa, huyó a EE.UU. y sigue prófugo de la justicia de su país. También está bajo escrutinio judicial Alan García, su predecesor en el gobierno.

Al revés que en Brasil donde Lula es el primer ex presidente con pedido de condena, en Perú ya hay antecedentes de mandatarios entre rejas. El más significativo es Alberto Fujimori quien purga una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y también corrupción. El caso del brasileño está conectado a otra constructora, OAS, colega de Odebrecht pero también involucrada en la parábola peruana. Según el juez Sergio Moro, el ex presidente recibió un triplex como devolución de favores, acusación que Lula niega, adjudica a una maniobra política y que ha convertido en factor preponderante de su campaña para las presidenciales de 2018. Culpable o inocente Lula es otro símbolo de la naturalización de la ilegalidad como un atributo del poder. Según Datafolha el líder del PT tiene el doble de intención de voto que sus rivales a pesar de estar imputado en cinco causas judiciales, un manchón que sus seguidores, sencillamente, ni tienen en cuenta.

La saga del destino tumbero para muchos de estos líderes, incluye a Ricardo Martinelli. El 12 de junio, el ex presidente panameño acabó en una prisión de Florida. Fue a requerimiento de la justicia de su país que lo investiga en doce causas de corrupción. Los cargos que le valdrían una condena de hasta 21 años, incluyen una curiosa debilidad de este locuaz político. Martinelli montó una sofisticada maquinaria de espionaje que interceptaba las comunicaciones y la actividad en Internet de periodistas, jueces, académicos y políticos opositores. ¿Qué pretendía encubrir? La respuesta es sencilla: dos de los hijos del ex presidente son buscados por Interpol por su vinculación -otra vez- con las coimas de Odebrecht.

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Martinelli.

Pero el caso más asombroso de estos juegos al otro lado del sentido común y de la ética viene de Guatemala. El 18 de enero pasado, Samuel Morales Cabrera y José Manuel Morales, hermano e hijo respectivamente del presidente Jimmy Morales, fueron arrestados por obtener fondos del Estado con facturas falsas de una empresa fantasma. Vocero involuntario de una legión de dirigentes que han convertido al Estado en su billetera, Morales devaluó el tema y el delito al sostener que ”es una corrupción que en Latinoamérica y muchas partes del mundo se la ha considerado normal”. Aferrado a eso del mal de muchos comparó lo incomparable: cuánta gente, dijo, “se filtra delante en la cola o roba una señal de cable… Eso no se hace pero lo hacemos continuamente”. Nada de qué escandalizarse, por supuesto.w


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